El actual gobierno, presidido por Alan García Pérez (AGP), representante del Partido Aprista Peruano (PAP), inició su mandato el 28 de Julio de 2006, cumpliéndose el 28 de Julio tres años de gobierno. Desde el inicio de este Gobierno, el contexto internacional ha jugado un papel importante en el desempeño de la economía. En agosto de 2006, el precio internacional del barril del petróleo era de US$ 73,0 y llegó a subir hasta US$ 116,6 [1] para agosto de 2008. Este aumento del precio del petróleo internacional estuvo acompañado del aumento de precios de las materias primas a nivel internacional, lo cual favoreció al incremento del valor de las exportaciones de minerales. Además, la demanda internacional por materias primas, el acceso a nuevos mercados a través de los tratados de libre comercio y las inversiones públicas y privadas contribuyeron a mantener la dinámica de crecimiento económico.Sin embargo, el crecimiento se paralizó por la crisis internacional y algunas malas decisiones de política. El aumentó de la presión por los precios internacionales de los alimentos a partir de la segunda mitad del año 2008 llevó ha optar por una política de restricción del gasto público, buscando frenar el efecto de la inflación internacional. Al mismo tiempo explotó la crisis financiera internacional y posteriormente la crisis económica general. El efecto de la contracción del gasto sumado a la crisis internacional contribuyó con la contracción de la economía nacional. Si bien el gobierno intentó luego reactivar la economía con una serie de medidas, éstas no pudieron detener la desaceleración.
La acumulación de 93 meses de crecimiento continuo desde julio de 2001 hasta marzo de 2009 ha tenido efectos positivos en la reducción de la pobreza del país. El INEI estimó que en el 2008, el 36% de la población se encuentra en situación de pobreza [2]. Si bien la tasa se ha reducido en los últimos años de manera significativa, al interior del país existen zonas, especialmente las rurales, que mantienen tasas por encima del 50% de la población en situación de pobreza y exclusión. De alguna manera, la transferencia de mayores responsabilidades a los gobiernos regionales y a las municipalidades ha generado que el Estado esté más cerca de la ciudadanía. Esto se ha visto favorecido por el incremento temporal de los recursos para inversión pública proveniente del Canon que está a disposición de los Gobiernos Regionales y Municipalidades. Uno de los desafíos que persiste y es central para la gobernabilidad del país es el de la reducción de la desigualdad. La distribución de los ingresos, de la presencia del Estado, del acceso a la justicia y de la calidad de los servicios públicos (educación, salud, electrificación, saneamiento y seguridad especialmente) a lo largo y ancho del país no es equitativa. Esta brecha genera un sentimiento de frustración y resentimiento en la población que deviene en conflictos sociales y en menor gobernabilidad. Según la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales activos se han incrementado de 10 a 226 entre agosto de 2006 y junio de 2009. Varios de estos conflictos han alcanzado tener un impacto nacional, generando en más de una oportunidad crisis política del país en el lapso de los tres últimos años. En los últimos meses, la epidemia de la gripe porcina y algunos eventos naturales que suelen presentarse con frecuencia en nuestro país (sismos, friajes, Fenómeno de El Niño) deberá tomarse en cuenta para las acciones de prevención y atención.El desafío principal para los siguientes dos años es reactivar la economía nacional. Sobre todo porque está en riesgo todo lo avanzado en reducción de la pobreza. Es necesario acompañar estas medidas económicas con programas sociales de protección y de generación de oportunidades económicas, especialmente dirigidas hacia los más pobres y protegiendo a aquellos que han logrado salir de la pobreza en los últimos años, para que no regresen a esta situación. Todo esto pone en evidencia la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país y realizar esfuerzos para lograr una mayor inclusión y cohesión social.
La acumulación de 93 meses de crecimiento continuo desde julio de 2001 hasta marzo de 2009 ha tenido efectos positivos en la reducción de la pobreza del país. El INEI estimó que en el 2008, el 36% de la población se encuentra en situación de pobreza [2]. Si bien la tasa se ha reducido en los últimos años de manera significativa, al interior del país existen zonas, especialmente las rurales, que mantienen tasas por encima del 50% de la población en situación de pobreza y exclusión. De alguna manera, la transferencia de mayores responsabilidades a los gobiernos regionales y a las municipalidades ha generado que el Estado esté más cerca de la ciudadanía. Esto se ha visto favorecido por el incremento temporal de los recursos para inversión pública proveniente del Canon que está a disposición de los Gobiernos Regionales y Municipalidades. Uno de los desafíos que persiste y es central para la gobernabilidad del país es el de la reducción de la desigualdad. La distribución de los ingresos, de la presencia del Estado, del acceso a la justicia y de la calidad de los servicios públicos (educación, salud, electrificación, saneamiento y seguridad especialmente) a lo largo y ancho del país no es equitativa. Esta brecha genera un sentimiento de frustración y resentimiento en la población que deviene en conflictos sociales y en menor gobernabilidad. Según la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales activos se han incrementado de 10 a 226 entre agosto de 2006 y junio de 2009. Varios de estos conflictos han alcanzado tener un impacto nacional, generando en más de una oportunidad crisis política del país en el lapso de los tres últimos años. En los últimos meses, la epidemia de la gripe porcina y algunos eventos naturales que suelen presentarse con frecuencia en nuestro país (sismos, friajes, Fenómeno de El Niño) deberá tomarse en cuenta para las acciones de prevención y atención.El desafío principal para los siguientes dos años es reactivar la economía nacional. Sobre todo porque está en riesgo todo lo avanzado en reducción de la pobreza. Es necesario acompañar estas medidas económicas con programas sociales de protección y de generación de oportunidades económicas, especialmente dirigidas hacia los más pobres y protegiendo a aquellos que han logrado salir de la pobreza en los últimos años, para que no regresen a esta situación. Todo esto pone en evidencia la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país y realizar esfuerzos para lograr una mayor inclusión y cohesión social.
[2] El año 2005 la pobreza habría sido 48,7% según el INEI.
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